Polémica en el puerto de Tampico tras conocerse que un tribunal ordenó reactivar los muelles vinculados al escándalo del huachicol fiscal, pese a que la empresa concesionaria «Tampico Terminal maritima acumulaba adeudos cercanos a los 300 millones de pesos con ASIPONA Tampico.
La decisión ha generado fuertes cuestionamientos entre operadores portuarios del río Pánuco, ya que concesionarios con adeudos mucho menores aseguran haber sufrido suspensión inmediata de operaciones, bloqueos de maniobras e incluso impedimento para recibir embarcaciones.
Aunque el fallo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se centra en aspectos administrativos y no penales, la controversia crece por la percepción de trato desigual dentro del sistema portuario mexicano.
Los muelles 10 y 11 fueron relacionados públicamente con investigaciones de huachicol fiscal tras el aseguramiento del buque “Challenge Procyon”, utilizado presuntamente para introducir combustible ilegal al país.
La pregunta que hoy surge entre empresarios y usuarios portuarios es inevitable: ¿por qué a algunos concesionarios les cancelan operaciones por adeudos menores y a otros, con conflictos millonarios y escándalos públicos, les restituyen el control de los muelles
